Fiscalía ayuda a controlar software ilegal en las empresas

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Con la campaña “Sea serio”, la Fiscalía General de la Nación, Microsoft Colombia, 100% Legal Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), y otras entidades, buscan fortalecer la conciencia de los empresarios para evitar el uso de software ilegal en el país.

La campaña, que en una primera fase contribuyó con la intensificación de operativos de policía judicial en contra de vendedores de software ilegal, ahora busca que tanto organizaciones públicas como privadas ayuden a generar conciencia sobre el respeto de los derechos de autor, para decirles no a la piratería informática y al contrabando de tintas y cartuchos para impresoras.

Actualmente la Fiscalía General de la Nación adelanta cerca de 2198 procesos por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, siendo las zonas más afectadas Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), así como los departamentos de Santander y Huila.

Asimismo, la Dirección de Fiscalías Nacionales a través del Eje Temático de Protección a la Propiedad Intelectual, las Telecomunicaciones, los Bienes Culturales de la Nación y la Moneda Legal, que cuenta con un grupo de fiscales especializados que investigan y acusan por esta clase de conductas delictivas, adelanta 7 procesos connotados de software ilegal, producción, almacenamiento y comercialización de productos falsificados para impresoras.

Según el último estudio de la Asociación Mundial de Empresas que crean Soluciones Informáticas (BSA) por su sigla en inglés, la tasa de piratería de software en Colombia es del 50%, lo que representa un peligro para las organizaciones que lo utilizan, porque aumentan el riesgo de sufrir ataques de seguridad y delitos informáticos, flagelo  que le ocasiona pérdidas superiores de USD$ 281 millones a la industria, con serias implicaciones en el detrimento fiscal nacional.

En relación con la piratería de software, se configura el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, que contempla una pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 26.66 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Otro de los delitos en el que se puede incurrir es el de usurpación de derechos de propiedad industrial, que contempla una pena privativa de la libertad de 4 a 8 años, y multa de 26.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de presentarse una utilización fraudulenta de marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos.

Además, de encontrarse que una organización falta a la verdad, al revisar el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, se podría presentar el delito de falsedad en documentos.

De acuerdo con cifras de la DIAN, cerca de 110 empresas actualmente responden a procesos judiciales por casos relacionados con propiedad intelectual, enfrentando penas hasta de 8 años de cárcel, y multas hasta de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No obstante, las sanciones no son la única forma en la que las compañías pueden verse afectadas. La ilegalidad del software también puede abrirle las puertas a ataques de seguridad, fraude financiero, robo de información e identidad personal por medio de virus y malware. El cibercrimen evoluciona muy rápido, según la Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft, el 64% de los colombianos ha sido víctima de ataques cibernéticos, y el costo total de este problema en el país fue de 464 millones de dólares en 2013.

Para garantizar la transparencia y legalidad del software utilizado, la campaña ‘Sea serio’ recomienda a las empresas:

  • Indicar en el Informe de Gestión el tipo de software que utiliza la empresa y las licencias que lo amparan.
  • Detallar un listado de los programas instalados y números de licencias.
  • Elaborar un acta en donde aparezcan enumerados los programas utilizados, sus correspondientes facturas de adquisición y el número de licencia.
  • Utilizar la factura de venta y el número de licencia como un mecanismo de control en la elaboración del informe de gestión.
  • Asegurarse de que el uso o explotación de los programas corresponda al número amparado por las licencias que se hayan adquirido y de que estas licencias estén vigentes al momento de la utilización de los programas.
  • Solicitar las respectivas licencias de uso al adquirir los computadores que lleven programas incorporados.

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